Fin de la renta antigua

9-12-2014

El 1 de enero de 2015 finaliza en España la moratoria de 20 años que protegía a los locales comerciales con renta antigua.

En 1994 en virtud de la Ley de arrendamientos urbanos (LAU) la renta antigua desaparecía para la mayoría de las viviendas pero se mantenía para los negocios cuyos contratos se firmaron antes de 1985. Se tomaba esta medida para proteger a determinados negocios de una desaparición más que probable teniendo además en cuenta el contexto económico por el que atravesaba el país tras la crisis de principios de los 90.

La consultora Tinsa ha cifrado que afectará a entre 65.000 y 85.000 locales pequeños y medianos, ya que los grandes locales ya perdieron ese privilegio. Hay diferentes opiniones al respecto de las consecuencias que conllevará dicha medida.

De hecho la Confederación general de las pequeñas y medianas empresas (Copyme) sitúa la cifra en cerca de 200.000 locales afectados que generan entre 300.000 y 500.000 empleos que según la patronal estarán en riesgo de reducirse. "Se trata de un desahucio autorizado por una ley que pone el contrapunto en el libre mercado", señala un portavoz de la organización.

Lo cierto es que esta larga crisis económica ha afectado mucho a los comercios tradicionales y esta medida puede ser la estocada que acabe con determinados establecimientos en peligro de extinción que se mantienen gracias a rentas que llevan congeladas más de 3 décadas.

Posible pérdida de empleos y empobrecimiento de las ciudades

La Unión de profesionales y trabajadores autónomos (UPTA) también apunta en esa dirección e incide en el peligro de la pérdida de empleo de trabajadores de elevada edad que difícilmente podrán volver al mercado laboral. Además advierten de la desaparición de determinados y emblemáticos negocios en las ciudades que empobrecerá las mismas y perderán esa personalidad forjada con el tiempo.

Por su parte el Colegio oficial de Agentes de la propiedad tratan de restar dramatismo al asunto y cree que en la mayoría de los casos la medida supondrá que cerca del 74% de los contratos no se rescindirá y finalizará en un acuerdo ajustado a la situación actual del mercado, y solo el 25% piensa que los propietarios exigirán una renta mucho mayor de la que en la actualidad perciben.

Los partidos de izquierda solicitan una ampliación de la moratoria

Con este panorama el grupo socialista en el Congreso solicitó que la moratoria se ampliara 5 años más hasta la superación total de la deteriorada situación económica y laboral. Izquierda Unida sugirió que la moratoria se ampliara hasta que el desempleo esté por debajo del 12%. El Gobierno rechaza cualquier enmienda en esa dirección e insiste en la necesidad de adecuar la norma para así impulsar el mercado de arrendamientos urbanos.

Existen excepciones que alargarán la moratoria hasta 2020, y en determinados contratos entre personas físicas que mantendrán la renta hasta la jubilación o fallecimiento del arrendatario.

No queda mucho para saber el impacto real de la medida. Lo cierto es que miles de trabajadores se mantienen en vilo ante la posibilidad de engrosar las ya abarrotadas colas del paro.