¿Pagarán los contribuyentes lusos el coste del rescate de Banco Espírito Santo?

6-8-2014

La historia se repite una y otra vez. Cada vez que un gobierno rescata a una entidad bancaria, la probabilidad de que el coste de ese rescate sea asumido por los ciudadanos es directamente proporcional al número de veces que los reguladores y dirigentes políticos niegan tal circunstancia.

En las últimas horas estamos presenciando cerca de nuestras fronteras un nuevo episodio de mala gestión bancaria que termina con intervención y rescate de una entidad. Banco Espírito Santo (BES), una de las entidades financieras por excelencia de la banca lusa ha tenido que recurrir a esta medida, como con anterioridad ya habían hecho otras entidades europeas. En españa no somos ajenos a esta situacióny hemos presenciado situaciones similares con Bankia y Catalunya Banc entre otras.

Una vez se produce la intervención por parte del supervisor bancario (Banco de España en nuestro caso) las reacciones políticas no se hacen esperar y siempre se encaminan en una misma dirección: los depositantes pueden estar seguros, sus fondos están garantizados por el respectivo Fondo de Garantía de Depósitos nacional, el rescate no supondrá ningún coste para los contribuyentes ni para el erario público, etc...

Sin embargo, a medida que la reestructuración avanza, la realidad es bien distinta de las afirmaciones del ministro de finanzas de turno.

En el caso que nos ocupa en este momento, por más que el gobierno portugués se empeñe en afirmar que los 4.900 millones de euros, con los que se recapitalizará BES serán aportados por el Fondo de Resolución, sin implicar coste para los ciudadanos lusos, olvida que este Fondo no dispone todavía de recursos propios suficientes, por lo que el gobierno portugués tendrá que recurrir a la troika y a su programa de ayuda financiera que incluye una línea de 12.000 millones de euros para recapitalizar a la banca, de la que aún están disponibles más de 6.000 millones de euros. Como afirma la oposición, esta factura del rescate, si recaería en los contribuyentes.

En España no hemos sido ajenos a este fenómeno. Cada vez que el Banco de España ha intervenido a una entidad y se ha producido un rescate de la misma, las autoridades se han apresurado a salir en los medios para tranquilizar a la ciudadanía lanzando el conocido mensaje de "el rescate en ningún caso supondrá un coste para el contribuyente..."

Nada más lejos de la realidad. Solo en 2012, el FROB tuvo que asumir unas pérdidas de 9.176 millones en Bankia, de 6.674 millones en Catalunya Banc, de los 5.498 millones íntegros de Banco de Valencia, de 3.091 en Novagalicia Banco, de 525 en Ceiss y de 241 en BMN. Además, el fondo de rescate ya tuvo pérdidas por 10.557 millones en 2011, por 314 en 2010 y por simplificar no estamos teniendo en cuenta la SAREB.